Mensajes de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, fotografías y videos digitales, hojas de cálculo, registros de cajeros automáticos, rutas GPS, navegación por la web,... Los hechos del mundo digital tienen relevancia jurídica en muchas ocasiones porque generan obligaciones o prueban el cumplimiento de los contratos (facturas electrónicas, contratación bancaria); causan daños a terceros que han de ser reparados; son constitutivos de delito, como phising, terrorismo yihadista, ciberodio, cyberbullying o e-violencia de género; contribuyen a probar delitos de tráfico de drogas, corrupción o crimen organizado; acreditan violaciones de deberes del trabajador durante su jornada laboral; o recogen la relación del ciudadano con las Administraciones Públicas.

Esta obra pretende contestar a las siguientes preguntas comunes a los procesos en todos los órdenes jurisdiccionales:

¿Cuándo y en qué condiciones se puede acceder al contenido de los ordenadores, smartphones y otros dispositivos electrónicos, o a los datos que se transmiten por redes de comunicación?

¿Cómo acreditar los hechos del mundo digital en un proceso judicial, o en el ejercicio de la potestad de control y supervisión por el empresario, o en las relaciones entre las partes de un contrato?

¿Cuándo resultan afectados el derecho a la intimidad, el secreto de comunicaciones o la protección de datos personales?

¿Cómo abordar los problemas internacionales en la obtención de la prueba digital?

El libro recoge las últimas reformas legislativas (LECrim, Código Penal, procedimiento administrativo, reconocimiento mutuo en la UE) y la más reciente jurisprudencia, con numerosos comentarios de sentencias